UA-56715467-1

miércoles, 21 de junio de 2017

Imagine by Yoko Ono

Para todos los nacidos una vez los Beatles estaban ya disueltos como grupo podemos quedarnos con una serie de hitos o momentos que se han convertido en clásicos de nuestra era. Entre ellos el gran tirón mediático que tuvo el grupo desde su formación en los años 60, todas y cada una de las canciones, ahora convertidas en clásicos y, por supuesto, los momentos más controvertidos que se produjeron a lo largo de la vida del grupo y en años posteriores.
La disolución del grupo, tan sólo 14 años después de su formación, cuando todavía se entendía que estaban en un momento relevante, se produjo por desavenencias entre sus cuatro miembros produciéndose la misma de forma efectiva una vez John Lennon firmara la documentación que llevaría a esa disolución en 1974.

A pesar de que la ruptura se debió, oficialmente a desavenencias entre los miembros de la banda, siempre fue achacada a la entrada en la vida de John Lennon de la ahora artista conceptual Yoko Ono, que dio lugar a que éste abandonara el grupo para establecerse en solitario. Desde que se disolvió el grupo John Lennon se dedicó a la composición de grandes temas como el archiconocido “Imagine”, tema que se empleó como canto a la paz y a la libertad (y así aparece reflejado en el lugar en el que el cantante está recordado en Central Park, en nueva York, frente a las Torres Dakota, donde fue asesinado).
Desde el principio se entendió que la canción era de Lennon, pero la semana pasada la japonesa daba a conocer una grabación en la que el propio Lennon reconocía y atribuía la coautoría del tema “Imagine”, terminando con es a creencia, lo cual el cantante atribuyó al machismo imperante en esa época.

El hecho de que ahora se tenga en cuenta a los dos como autores de la canción da lugar a importantes consideraciones en lo que a derechos de autor se refiere.
El artículo 7 de nuestro TRLPI (Ley de Propiedad Intelectual), se refiere a una obra creada por varios autores como una obra en colaboración de cuyos derechos se beneficiarán todas las partes que hayan colaborado en su elaboración.
La cuestión ahora es, por un lado, tras el cambio de consideración de la obra de individual a obra en colaboración, determinar qué cantidad en concepto de royalties correspondería a Yoko Ono teniendo en cuenta lo que se ha originado en estos casi 50 años (el tema es de 1971), las licencias y permisos otorgados sobre la misma para adaptaciones, versiones y demás.

Pero también habría que atender el tema de la entrada de la obra en el dominio público. Como se ha comentado en otras entradas de este blog, tal y como establece la Ley, que la canción pueda ser utilizada por cualquier persona, sin tener que responder ante el autor mediante el pago de royalties o el establecimiento de una licencia que permita su uso, se contará 70 años a partir del día 1 de enero del año siguiente al de la muerte de su autor.
Siguiendo con la consideración antigua, de que Lennon fuese el único autor de la obra, el derecho le correspondería a sus legítimos herederos hasta el 1 de enero de 2061, fecha en la que se cumplen esos 70 años del asesinato del artista, en diciembre de 1980.

Sin embargo, la inclusión de Yoko Ono como coautora hace que la canción no entre a formar parte del dominio público hasta el 1 de enero del año siguiente a que se cumplan 70 años desde el fallecimiento de ésta, por ser la última superviviente,

Quizás esta última no sea la mayor preocupación que se debería tener presente, como la referente a la cuantía a la que el estudio que comercializó la obra durante todos estos años debería abonar a la recién descubierta coautora.

miércoles, 14 de junio de 2017

La patente unitaria: un paso atrás

La idea de crear una patente unitaria, es decir la concesión de un derecho de exclusividad que pudiera implementarse en toda la UE a través de una única solicitud que surtiera los mismos efectos en todos los Estados de la misma, viene gestándose desde los años 60.

Antes de nada hay que hacer referencia a que la patente unitaria se concibe como un paso más tras la instauración del sistema de la denominada “patente comunitaria” ya que el sistema de solicitud es el mismo, con la diferencia de que lo que se va a indicar por parte del solicitante es que los efectos se extiendan a todos los países miembros del Acuerdo, es decir, que tengan un efecto unitario.

La legislación en que se basa esta nueva figura: por un lado un Reglamento sustantivo, 1257/2012, y un Reglamento lingüístico, 1260/2012 y, por otro, la normativa relativa a la creación de un Tribunal específico que se ocupará de llevar todos aquellos casos relacionados con esta nueva modalidad de protección, el denominado TUP, o Tribunal Unitario de Patentes (UPC, Unitary Patent Court, en inglés); sienta la base para continuar un poco más allá creando un sistema único de patentes para toda la Unión Europea, que sirva, de este modo, para competir con el resto de potencias a nivel mundial.

La base para que se dé el funcionamiento de este nuevo sistema de patentes con efecto europeo de carácter unitario, será la aceptación del Acuerdo sobre la creación del TUP (ATUP) del que venimos hablando lo cual ha supuesto controversias en los últimos años, principalmente basadas en las lenguas utilizadas por el mismo y en las utilizadas en las actuaciones de los solicitantes ante él (mencionado aquí).

Se establecieron una serie de hitos para la entrada en vigor del ATUP, por un lado, el 1 de enero de 2014 (no alcanzado), el primer dìa del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento Bruselas I en relaciòn con este Acuerdo y el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión según el artículo 84 con una particularidad: lo que se buscaba era que al menos 13 países de la Unión hubieran ratificado el ATUP, pero entre esos países debían encontrarse los tres en los cuales hayan tenido efecto el mayor número de patentes europeas en el año anterior a la firma del acuerdo, es decir, Francia, Alemania y Reino Unido.

Con respecto a Francia la ratificación no tuvo mayor incidencia; con respecto a Reino Unido surgió la controversia de si permanecería o no en la UE (Brexit), lo que hacía tambalearse este segundo hito ya que si no se le consideraba ya parte de la Unión, no se podrían aplicar esos criterios; y, con respecto a Alemania, la polémica surgía a principio de esta semana cuando se paralizaban los avances en la legislación a aplicar al TUP por entenderse contrario (según denunciaba un particular anónimo) a la Constitución alemana.

Este nuevo tropiezo en la implantación del sistema de patente europea con efecto unitario no implica que no se vaya a llevar a cabo sino que, simplemente, habrá que esperar a que se decida esta última cuestión por parte del Alto Tribunal alemán para poder seguir adelante con el proceso.



Por supuesto, esto lleva a pensar en si el proceso finalmente llegará a implantarse o quedará en suspenso de forma indefinida, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos a los que, durante años, se ha venido enfrentando.

miércoles, 7 de junio de 2017

Interferencias

En una entrada anterior de este blog se hacía referencia a las “interferencias“, como aquellas solicitudes de patentes que, no habiendo sido divulgadas todavía, rompen la novedad impidiendo que cualquier nueva solicitud no se considere patentable por no cumplir los requisitos correspondientes, concretamente el primero de ellos, que es el que hace referencia a que el objeto para el que se busca protección.
Tal y como se hacía referencia en el ya citado texto, estas solicitudes no se han hecho públicas en el momento en el que se examina una solicitud posterior, pero sí se tendrán en cuenta para registros posteriores.

Esto respecto de las patentes, sin embargo existen situaciones que podríamos asimilar a ésta en otros Derechos de Propiedad Industrial. De este modo, si nos acercamos a la legislación relativa a marcas, la Ley 17/2001, en ella se hace referencia a lo que se va a considerar como “marcas anteriores“, concepto que se define en el artículo 6.2 y en cuyo apartado c) se establece que se considerarán como tales “Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b) (marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen que sean marcas españolas, internacionales que surta efectos en España o comunitarias; marcas comunitarias registradas que reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas, aun cuando haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.), a condición de que sean finalmente registradas.“

Por otra parte, respecto al Diseño Industrial se permite que el solicitante pida en la instancia de registro el aplazamiento de la publicación hasta un máximo de 30 meses (artículo 33 Ley 20/2003) para evitar que se conozca por terceros el diseño para el que se pretende conseguir la protección.
En el momento en que se realice una nueva solicitud para el registro de un diseño esta misma Ley en su artículo 13, en el que se establecen los motivos de denegación de registro, entre los cuales se encuentra el establecido en la letra “d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.“

Nos encontramos, por tanto, ante dos situaciones asimilables al supuesto inicialmente expuesto, en el que los derechos, peses a haber sido ya registrados, no se han hecho públicos, ya sea por el plazo legalmente requerido para ello (marca) o para evitar que se dé a conocer y pueda ser utilizado por un tercero sin consentimiento (diseño).

En los tres supuestos a los que acabamos de hacer referencia será complicado (por no decir imposible), conocer la existencia de derechos idénticos (o cuasi idénticos) o similares que induzcan al público a confusión o asociación, por lo que será necesario tener establecida e implantada una estrategia que pueda contrarrestar los efectos negativos a los que dará lugar un registro infructuoso como puede ser, en el caso de las marcas la consulta de los expedientes que estén en curso en el momento de la presentación de la solicitud.

miércoles, 31 de mayo de 2017

Publicidad que apela a los sentimientos

Últimamente se hace muy común ver anuncios en los cuales no son las características del producto en sí lo que se está vendiendo si no cómo la compra de ese producto va a hacer sentir a las personas que lo adquieran.

De este modo, se ven ejemplos clásicos de productos de limpieza en los que se trata de recuperar el efecto que la prenda producía en el comprador cuando éste lo adquirió. En el anuncio de un producto concreto se hace referencia al “efecto wow“, ese efecto que la prenda hace sentir a la persona por el mero hecho de ser nueva. En la misma línea, los anuncios de lejía o de productos de limpieza de ropa se refieren a cómo una ropa más limpia o un blanco más blanco no sólo van a servir para que se aprecie por la comunidad que esa persona no sólo es limpia sino que emplea todos los recursos de que dispone para que así se aprecie exteriormente.

No se puede decir que esta estrategia sea del todo novedosa pues se viene utilizando desde hace mucho tiempo con, por ejemplo, los productos de belleza, tanto masculinos como femeninos, que van a hacer que una persona resulte más atractiva para el sexo opuesto.

Pero quizás (y esto es una apreciación personal) el ejemplo más característico es el de un servicio que es necesario por Ley para la utilización de un determinado producto: el seguro de vehículos a motor.

La estrategia publicitaria utilizada en estos casos no depende tanto del servicio que se está ofertando como del uso y del historial de uso que de ese producto tenga el contratante. De este modo, las primas serán más reducidas según la edad del contratante, el número de años o experiencia que tenga al volante o el número de incidentes que haya tenido al volante.

Pero en la actualidad se ha añadido un elemento adicional con el que no se contaba anteriormente (o que no se hacía tan evidente a la hora de realizar el contrato de seguro): el cuidado especial que el conductor va a tener con su vehículo en función de su fecha de adquisición.
Así, se premia con primas más reducidas a aquellos conductores que tengan un vehículo nuevo, no sólo porque el vehículo evidentemente  vaya a dar menos problemas técnicos, sino porque se asume que el cuidado que van a tener será más minucioso, lo que se traducirá en un menor reporte de partes de accidente o incidencias y, por tanto, una considerable reducción en las cantidades de dinero que la compañía deberá abonar para cubrir los daños ocasionados en el asegurado o a terceros según el caso.

En definitiva, ¿estamos asistiendo a nuevas técnicas de venta a través de la publicidad de aquellos productos o servicios que tienen un mayor margen de maniobra para implementar esas estrategias? Podría pensarse que es así, pero también podría entenderse como una circunstancia lógica de búsqueda de nuevas técnicas de venta cuando todas las opciones parece que ya están inventadas.


Cada vez más a menudo se ve, a través de internet, cómo el uso de técnicas de Big Data personalizan los anuncios para que veamos lo que queremos ver y la publicidad se haga más personalizada. Quizá la búsqueda de nuevas técnicas de comercialización que llamen la atención de los consumidores sirvan como paso previo a técnicas más agresivas como la ya mencionada.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Empaquetado sencillo de las cajetillas de tabaco

En términos económicos se habla de competencia perfecta cuando existe un número elevado de vendedores y compradores en una determinada industria; de este modo, el precio de los productos se autorregula al ser los vendedores los que lo fijan en función de la demanda que ese producto tiene en el mercado y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar, por lo que lo ofertarán de acuerdo con estos parámetros teniendo siempre en cuenta los movimientos de los consumidores, tratando de adelantarse a ellos para conseguir la mayor cuota de mercado posible en cada momento.

Para ello la empresa recurrirá a derechos de propiedad industrial como los diseños para hacer el producto más atractivo al público y a la marca para diferenciarlo del resto, dándole así una imagen que aglutine su buen hacer y que haga que el consumidor se refiera siempre a ellos cuando tenga la necesidad o el deseo de volver a consumirlos.

Es a esto a lo que se denomia "Ley de la ofeta y la demanda" , en virtud de la cual es el propio mercado el que regula los precios.

Sin embargo, no todos los productoa estarían sometidos a esta Ley. Hablamos de los denominados como productos de "demamda inelástica"; aquellos que no ven afectada su demanda por el aumento de su precio de venta, ya sea por necesidad de uso (como la gasolina, que ya ha quedado demostrado que, por mucho que suban los impuestos que se le aplican, se continúa consumiendo en la misma cantidad) o por su implantación en el mercado, por llamarla de alguna forma, como es el caso del tabaco (o las bebidas alcohólicas).


Se han tomado numerosas acciones en los últimos años para tratar de reducir el consumo de tabaco: prohición en transportes públicos, en el trabajo, en hospitales, en bares y, en España, la (en mi experiencia, no del todo efectiva) ley antitabaco; con la que se prohibía el consumo en determinados lugares públicos situados al aire libre.

Además de estas medidas, se prohibió la publicidad y se introdujeron primero mensajes y luego imágenes disuasorias para que el público, siendo advertido de las consecuencias, dejara o no comenzara a consumirlo.

Sin embargo, el consumidor se adaptó a todos estos cambios como algo natural, dando por sentado que el tabaquismo favorecía al Estado debido a los altos ingresos que éste generaba a las arcas del Estado en concepto de impuestos especiales con los que estaba gravado (lo cual es, a su vez, erróneo ya que los ingresos obtenidos no suplen, ni de lejos, los gastos sanitarios que se generan: http://www.abc.es/local-aragon/20150102/abci-tabaco-cuesta-estado-4000-201501020901.html).

El viernes y sábado de la semana pasada se celebraba en Barcelona la reunión anual del INTA (International Trademark Association) en la cual se habló de lo que podría entenderse como ir un paso más allá: la aplicación del empaquetado sencillo en estos productos.

Existe una gran controversia en este sentido derivada de lo que los diferentes países opinan de la medida. Básicamente, consistiría en empaquetar del mismo modo prodictos que cumplen una misma función, lo cual iría en contra del principio básico de la marca: la diferenciación.

Así, mientras determinados países no consideran aplicarlo por entender que se trata de una prohibición (JTI-Japan Tobacco International), otros países sí lo han hecho (Australia desde 2012 y Francia desde Enero de 2017) o lo harán más tarde o más temprano (Reino Unido a partit de este domingo, Noruega a partir de Julio e Irlanda a partir de Septiembre ambos de este año) y otros que lo harán en años venideros.

Esta medida igualaría todos los productos hasta el punto de adquirir una genericidad que haría que el consumidor no mostrase preferencia alguna por el producto a consumir al tener todos ellos unas características comunes.

La pregunta es sencilla, una medida tan radical como es la eliminación de la marca , ¿serviría para disuadir a los consumidores de su uso o acabaría convirtiéndose en una característica más a la que éstos acabarían por acostumbrarse continuando con el hábito de consumo como si nada hubiera ocurrido?

En los paquetes que ya circulan en Francia y Reino Unido, si bien es cierto que la marca no aparece reflejada en los paquetes sí lo hace el nombre del producto por lo que, aunque la función de la marca gráfica (más visual) se desvirtúa, la marca denominativa se mantiene sin cambios, por lo que la prohibición de la marca de la que hablábamos no podría considerarse tal.

En definitiva, ¿es efectiva esta medida? ¿Producirá algún efecto en los consumidores?

Más:


miércoles, 17 de mayo de 2017

Epónimos

Como ya ocurría en la anterior Ley de Patentes (Ley 11/1986, artículo 4.2) y sigue reflejándose en la actual (Ley 24/2015, artículo 4.4), el concepto de invención aunque no aparece definido como tal, sí aparece delimitado que clase de actos u objetos que no se consideran invenciones.

En primer lugar debemos referirnos a la Doctrina para poder dar una definición de lo que se entiende por invención que a primera vista ya excluye los supuestos a los que se hace referencia en los artículos mencionados. De esta forma, se considera invención a una solución técnica a un problema técnico que resuelve una necesidad físico-material del ser humano.

A nivel de patentabilidad no se podrá conceder un título de protección como es la patente o, en su caso, el modelo de utilidad, a un elemento que no reúna las características necesarias para que le sea otorgada la categoría de protección como tal.
Lo cual no va a impedir que se dé un reconocimiento adecuado a la persona que ha llevado a cabo ese acto no patentable.

Y es aquí donde entran los epónimos, ese conjunto de nombres de persona que se utilizan para dar nombre a un determinado concepto u objeto de cualquier clase y que sirve, de este modo para homenajear o reconocer a su descubridor.

Existen numerosos ejemplos de epónimos que, a día de hoy se han incorporado a nuestro lenguaje común, dejando de lado el nombre del que provienen como es el caso del dirigible o Zepelin (por Ferdinand von Zepelin) o de lugares o ciudades como Atenas (por la diosa griega Atenea), Bolivia (por Simón Bolívar) o Libia (por una princesa mitológica de Egipto).

El caso más destacado podríamos decir que es el referido a partes del cuerpo, ya que éstas no pertenecen a nadie en particular ya que su “hallazgo“ es eso, un descubrimiento, que no se considera patentable al no existir por parte de su descubridor ningún tipo de actividad inventiva o actividad ingeniosa que lleve a su aparición; en definitiva, y sin desmerecer a los científicos encargados de descubrirlas, son elementos que ya se encontraban ahí y que la persona sólo ha dado a conocer.

Entre las mencionadas partes del cuerpo encontramos: las trompas de Eustaquio (Bartolomé Eustachi), el Ligamento de Gimbernat (por Antonio Gimbernat y Arbós), el folículo de Graaf (por Reignier de Graaf) o las trompas de Falopio (Gabrielle Falopio). Además, han recibido epónimos métodos de tratamiento o curación de enfermedades e, incluso, las propias enfermedades como el Párkinson o el Alzheimer.

miércoles, 10 de mayo de 2017

A Pedra

Para todos los ciudadanos de Vigo éste es un lugar emblemático y notoriamente conocido, lo cual no siempre es bueno.

La zona de “A Pedra“ está situada en pleno centro de la ciudad, en su casco antiguo, cerca de la Concatedral y de una de las zonas más activas de marcha (denominada Vinos) y con una gran oferta gastronómica: de hecho es en esa zona donde se pueden degustar ostras crudas, recién cogidas, aderezadas con un toque de limón.

Hasta aquí perfecto.

Sin embargo, esta zona también es muy conocida por el mercado que alberga y que está formado, entre otros, por puestos de venta de productos falsos y de contrabando. Durante los últimos años este mercado ha sido objeto de demandas e intervenciones policiales con el objetivo de acabar con las prácticas ilegales que allí se  desarrollaban e incluso, fue objeto de denuncia por parte de los EE.UU. en un informe en el que se hacía referencia a cuáles eran los sitios del mundo que representaban una mayor amenaza para el comercio en términos de defensa de los derechos de propiedad industrial.

A raíz de estos hechos, en el año 2013 se procedió al cierre de la mayor parte de los establecimientos para acabar de una vez por todas con las actividades ilegales que allí se llevaban a cabo. A finales del mes pasado se ponía de nuevo en marcha este mercado con una nueva gerencia y una nueva perspectiva de negocio (si se puede llamar así a lo que antes se hacía allí con la aquiescencia de políticos y ciudadanos) muy alejada de las actividades que le dieron fama a la zona.

La ley de Marcas actual, Ley 17/2001, recoge en su artículo 41 las acciones que los titulares pueden llevar a cabo ante la infracción por un tercero de los derechos exclusivos que este título de propiedad industrial les otorga.

No hay que olvidar, sin embargo, que las marcas que sean notoriamente conocidas en nuestro país no precisan ser registradas puesto que ese conocimiento excedería el principio de especialidad, lo cual implica que no se podrá registrar una marca que sea idéntica o similar, ni utilizar una marca idéntica o similar para cualquier tipo de productos.

miércoles, 3 de mayo de 2017

La infracción casual del diseño industrial

Como se comentaba en entradas anteriores de este blog puede ocurrir que una misma creación sea protegida por diversas modalidades de propiedad industrial siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios del mismo modo que se puede combinar propiedad industrial y derechos de autor dando lugar así a la doble protección.

Hace algo más de un mes, la prensa se hacía eco de cómo una marca de ropa americana, “Urban Outfitters“, utilizaba en sus camisetas el logo del PSOE diseñado en 1977. La camiseta en cuestión muestra en su parte posterior una mano izquierda sujetando una rosa por el tallo.

Buscando en las bases de datos, no he encontrado ningún signo similar que haya sido, como tal, protegido por el PSOE, sino que todas las marcas de las que el partido es titular son combinadas, es decir, están formadas por un texto, las siglas del partido normalmente acompañadas de la CC.AA. a que hacen referencia; y el símbolo mencionado pero en blanco sobre un fondo rojo. No podríamos entender, por tanto, que haya una violación de la marca del partido por el hecho de que se halle reproducida en una prenda de ropa de un país extranjero: no coincide el ámbito aplicativo (ropa, clase 25, frente a la clase 35 para la que se registró la susodicha marca); por no hablar de que el PSOE ha registrado su marca sólo para nuestro país, por lo que no tendría efecto en otros países.

Si hacemos referencia al diseño de ahí la introducción de esta entrada, en el caso de que se hubiera protegido el logotipo a través de esta modalidad nos encontramos igualmente con varios inconvenientes:

-Por un lado (y este motivo inhabilita a todos los posteriores aunque se mencione en primer lugar) el plazo de protección del diseño ya habría expirado teniendo en cuenta que el plazo máximo de protección es de 25 años (períodos de 5 años renovables hasta el máximo mencionado), considerando que el logo se hubiera protegido en 1977,
-En el momento de la solicitud habría que haber indicado los productos a los cuales se aplicaría,
-Del mismo modo, el logo debería haber sido registrado siguiendo el procedimiento internacional, no el nacional (si éste existiera),
-Y, por último, aunque no menos importante habría que tener en cuenta el artículo 19.2 del Reglamento 6/2002 en el cual se establece que “La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.“.
Si bien es cierto que el símbolo de la rosa roja suele atribuirse a partidos socialistas (como es el caso de Portugal o la propia agrupación socialista en el Parlamento Europeo), también hay que tener en cuenta que tal partido no existe (o, si existe, es minoritario) en EE.UU., por lo que sería razonable pensar que el logo que figura en las camisetas no tenía ánimo de copia, si no que es fruto del desconocimiento.


En definitiva, de llevarse a cabo la reclamación (como se menciona al final del artículo de prensa referido) en base a todo lo que se ha citado, es bastante improbable que saliera adelante.

miércoles, 26 de abril de 2017

Tecnología patentada

Es muy común actualmente ver anuncios, sobre todo en televisión, de productos que incorporan algún tipo de tecnología patentada. Sin entrar aquí a valorar casos concretos ni a determinar la veracidad o no de tales afirmaciones, es importante, sin embargo, hacer referencia a lo que las leyes de propiedad industrial disponen respecto de su utilización.

La concesión de una patente conlleva la realización de numerosos esfuerzos por parte de quien va a ser su titular. No sólo hablamos de esfuerzos a nivel de presentación de la solicitud o los costes que ello puede implicar sino también en la forma en que se lleva a cabo tal presentación, que en la mayoría de las ocasiones va a conllevar la implicación de un profesional especializado en el campo de la invención y de otro profesional dedicado a la presentación de esa solicitud con el objetivo de que se muestre de forma adecuada cuál es la invención, qué avance supone y qué protección se está solicitando para que el inventor pueda recuperar de forma adecuada la inversión realizada para el desarrollo de la invención que es objeto de la solicitud.

Hacer referencia a que un producto está patentado cuando no es ese el caso constituye un delito de competencia desleal ya que supone que el consumidor va a acudir preferentemente a ese producto sobre otro en el que no se realice esa afirmación.

Si acudimos al Convenio de la Unión de París, su artículo 5 D nos dice que no es necesario que se refleje que el producto está patentado para que se le reconozca ese derecho.
Esto no va en contra de lo establecido conforme a que toda persona que alegue que un producto está protegido por una patente lo demuestre.
Así lo establecía la anterior Ley de Patentes 11/1986 en su artículo 46 (al que se hizo breve referencia en esta entrada), actual artículo 57 punto 2 de la Ley 24/2015, en el que se determina que

“Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas.“

En definitiva, lo que se trata de evitar con esta norma es que se produzca un engaño o confusión en el público que le incite a consumir unas determinadas características que no tiene. Las características a que nos referimos en este caso se refieren a que el producto es nuevo, completamente distinto a todo lo que se ha inventado anteriormente y que tal novedad ha implicado un considerable esfuerzo intelectual por parte de su creador que le ha valido un reconocimiento por el Estado, que le otorga un monopolio de explotación exclusivo con el que el titular recuperaría la inversión que ha realizado.


Hacer constar el número de la patente que se ha concedido no se entendería como una divulgación de un secreto industrial ni nada similar dado el carácter público del procedimiento de patente. Por tanto no sería comprensible que se ocultase tal información al público en el momento de llevar a cabo cualquier acto relativo a la comercialización del producto en cuestión.

miércoles, 19 de abril de 2017

Medidas contra las infracciones de DPI en el ADPIC

En principio, la infracción de cualquier derecho de propiedad industrial se limita al territorio del determinado Estado en el que se ha llevado a cabo la protección de los productos que los incluyen. Es decir, si bien es cierto que la protección de una marca, por ejemplo, sólo va a surtir efectos dentro del país o países dentro de los cuales se ha protegido, va a ser necesario tener en cuenta que se va a prohibir la introducción de tales productos cuando provengan de un tercer Estado haciéndose pasar por originales cuando no lo son.

Esta situación lleva a pensar en la falsificación de productos, pero también nos hace pensar en el principio de agotamiento del derecho, en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual no podrá ejercer el mismo una vez el producto ya ha sido introducido por él mismo o por un tercero relacionado en el territorio de alguno de los países que forman el Espacio Económico Europeo, evitándose de este modo, que el titular del derecho tenga un poder absoluto sobre la segunda y ulteriores ventas del producto en cuestión.
Este principio aparece recogido como una de los tres pilares fundamentales (junto con el principio de trato nacional y el de nación más favorecida) en el ADPIC, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, según sus siglas en inglés).

Volviendo al tema de las falsificaciones, o del uso no autorizado de una marca o cualquier otro derecho de propiedad intelectual (en sentido amplio: propiedad industrial y derechos de autor), habrá que atender a lo que expone el Código Penal con respecto a las infracciones de los diferentes derechos (arts. 270 y siguientes), cuando tal infracción se produce dentro de nuestras fronteras.

Sin embargo, el instrumento legal internacional de que venimos hablando regula las medidas que se llevarán a cabo en el caso de que se produzcan tales infracciones que provengan de un Estado diferente a los que conforman el Espacio Económico Europeo.
Se recogen en el mismo una serie de medidas básicas, al tratarse de un acuerdo “de minimis“, que los países Miembros han de observar y sobre las cuales deben legislar para poder garantizar la salvaguardia a un mismo nivel de los derechos conferidos a los nacionales (y asimilados) de los Estados firmantes de este Acuerdo.
De este modo, el ADPIC contempla en su artículo 50 las medidas provisionales cuyo principal objetivo es el de evitar que se produzcan esas infracciones y, en el caso de que ya se hayan producido recopilar o conservar pruebas de tal infracción las cuales se podrán emplear en un juicio dentro de un período temporal prudente (en nuestro país 20 o 30 días: medidas cautelares y diligencias de comprobación de hechos).

Por otra parte, el ADPIC contempla las denominadas “medidas en frontera“, que se aplican a todos los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual y en virtud de las cuales, cuando exista una sospecha probada de que tales productos están siendo o pueden ser objeto de infracción, existiendo una declaración judicial o administrativa a tal efecto y habiéndose prestado fianza para compensar al demandado por los posibles perjuicios que se le pudieran ocasionar se aprueba suspender por un plazo no superior a diez días hábiles el despacho de aduana de los productos.

Los artículos 56 a 58 del ADPIC hacen referencia al supuesto de que la detención sea infundada, en cuyo caso habrá de indemnizarse a la parte por los daños sufridos.

También cabe destacar que el artículo 59 del ADPIC dispone que, en el caso de que se trate de mercancías que violen algún derecho de propiedad intelectual éstas no podrán ser reexportadas a su país de origen ni se les aplicará un procedimiento aduanero diferente..

miércoles, 12 de abril de 2017

La prohibición de la doble protección de las invenciones

En ocasiones anteriores en este mismo blog se hablaba de un caso en el que la Ley permite la doble protección, en concreto, el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual. En ese caso, se trata de proteger las creaciones artísticas no sólo por medio de la propiedad intelectual sino por aquélla modalidad de propiedad industrial para las que cumplan las características principales de protección: los requisitos de novedad y actividad inventiva de las patentes y de los modelos de utilidad, el carácter singular de los diseños industriales junto con los requisitos de novedad de las obras artísticas.

A la prohibición de la doble protección a que se hace referencia en esta entrada no se le debería referir tanto como una prohibición sino como una consecuencia lógica de la coexistencia de varios sistemas de patentes entre los que puede elegir el creador para proteger su invención.

El inventor puede elegir entre un sistema nacional, el sistema europeo del Convenio de Múnich o el sistema internacional PCT. Estos tres sistemas tendrán el mismo efecto desde el momento en que se presente la solicitud correspondiente o desde que se aporte la traducción de la misma si así se requiere por el Estado (lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo).

Con respecto al Convenio de Múnich, el Real Decreto 2424/86, de 10 de octubre, establece las normas para la aplicación en España de este sistema y, del mismo modo, la prohibición de esa doble protección.

Que se presente una solicitud nacional para la misma invención y por parte del mismo inventor o su causahabiente cuando ya se ha presentado una solicitud a través del sistema de Múnich hará que, de forma automática, deje de surtir efecto la solicitud nacional o la patente nacional ya concedida e, igualmente, no se aceptará la presentación de la solicitud nacional cuando tal objeto esté ya protegido por la vía europea.

Las mismas normas se contemplan en los artículos 172 y 173 del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) y en el instrumento por medio del cual se aplicó el mismo en nuestro país: el Real Decreto 1123/1995.

miércoles, 5 de abril de 2017

El objeto de protección en las patentes de procedimiento

Una de las múltiples clasificaciones en las que se pueden categorizar las patentes es en función del objeto de la invención que protege. En este sentido, se van a entender fundamentalmente dos tipos de patentes: de producto y de procedimiento.
Las patentes de producto son las que tienen por objeto un elemento material, es decir un bien concreto que reúne los requisitos de patentabilidad que determina si son susceptibles de ser protegidas por este título.
Por otra parte las patentes de procedimiento, son las que protegen el modo en que se obtiene un producto concreto, en definitiva, la forma en que se deben llevar a cabo las fases para su obtención.

Mientras que la protección de las primeras va a ser más sencilla de determinar al estar basada en el producto como tal; es en las segundas, las de procedimiento, las que presentan la particularidad de requerir una especie de doble protección: respecto al procedimiento y respecto al producto que se obtiene con él.
De este modo, la protección de un procedimiento dará a su titular el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento puedan ponerlo en práctica en los países en los que se ejerce esa protección.
Más complicado será determinar si un producto surge del procedimiento concreto o si se ha obtenido por cualquier otro.

En este sentido, la Ley establece una presunción “iuris tantum“ (que admite prueba en contrario), según la cual se entiende que un producto que reúne las mismas características que el resultante del procedimiento protegido por patente ha sido obtenido por ese procedimiento violándose, de esta forma, la protección exclusiva otorgada por el título de patente.
Como decimos la presunción admite prueba en contrario por lo que, si el presunto infractor puede demostrar que obtuvo el producto por medio de un procedimiento distinto al patentado (inversión de la carga de la prueba, contraria al principio general del 217.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil) sin haberse producido la violación que alega el titular de la patente.

El principio general será, por tanto, presumir que el producto se ha obtenido por el procedimiento patentado, estableciéndose la excepción probada de que esto no ha sido así. De este modo, el artículo 64.2 del Convenio de la Patente Europea dictamina la extensión de la protección conferida a las patentes de procedimiento a los productos que resulten de ella y del mismo modo se traslada esta regla a nuestra normativa nacional recogiéndose en el artículo 50 c) de la anterior Ley de Patentes 11/1986, artículo 69 de la nueva ley, 24/2015

miércoles, 29 de marzo de 2017

A vueltas con las lenguas oficiales

La patente unitaria que tanto está dando que hablar últimamente, fue ya tratada en una entrada entrada anterior de este mismo blog .
El trámite que tuvo lugar en el Congreso no podría estar mejor documentado y explicado que en la entrada de Francisco Moreno en su blog.

En resumidas cuentas, todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados están a favor de unirse a este nuevo sistema, salvo el PP. Entre los motivos de la negativa está el coste económico que esto supondría, pero también, cómo no, la barrera lingüística a la que nos estaríamos enfrentando: aspecto concreto sobre el que se incidía en la entrada de este blog antes referida y sobre el que ahora se quiere profundizar un poco más.
Por un lado, cuando hablamos de lenguas oficiales debemos hacer primero una introspección ya que nuestra Ley de Patentes (tanto la que está a punto de dejar de estar en vigor, Ley 11/1986 como la que la sustituye, Ley 24/2015) hace referencia a la posibilidad de presentar una solicitud de patente en castellano, pero también en cualesquiera de las lenguas cooficiales en los territorios en que éstas están aceptadas, siempre y cuando no salgan de ese territorio (en mi opinión, un sinsentido al ser el Registro de Patentes centralizado y estar situado en Madrid).

Por otra parte, pasando al ámbito europeo; antes de nada, hay que recordar que el sistema de patente unitaria es una segunda fase pensada para suceder el actual sistema de la OEP (Oficina Europea de Patentes) por medio del cual se puede presentar una única solicitud de patente la cual pasaría posteriormente a convertirse en patentes nacionales para cada uno de los Estados que se ha designado (igual que ocurre con el sistema internacional PCT). La patente unitaria busca eliminar los trámites nacionales haciendo una única designación automática de países (todos los que forman parte de la UE) en los cuales estaría en vigor la patente una vez superado el procedimiento de concesión.

Ambos sistemas establecen una serie de lenguas oficiales para la presentación de solicitudes (inglés, francés y alemán) que se denominan lenguas de procedimiento y que, en caso de que la solicitud no se presente en una de ellas requerirá ser traducida.
Por un lado, la solicitud en su lengua original se consideraría auténtica en el supuesto de que existieran discrepancias con la solicitud traducida; pero por otro, la patente concedida por la OEP no tendría efectos en el país hasta que se presentara esa traducción de la solicitud (para la protección provisional) o de la concesión (efectos definitivos), para lo cual se habilita un plazo de 3 meses desde la mención de la concesión en el Boletín Europeo

A todos estos aspectos hace referencia el artículo 65 del Convenio de la Patente Europea, artículo para el cual se vio necesario elaborar un Protocolo concreto que se refiere al abaratamiento de los costes que pudieran resultar de la traducción de las patentes europeas concedidas. En base a este Protocolo para validar las patentes europeas con efectos en España sólo se precisaría traducir al español las reivindicaciones mientras que respecto a la descripción, si la patente ha sido concedida en inglés, se podría presentar directamente en ese idioma.
Si la patente se concedió en cualesquiera de las otras dos lenguas oficiales se podría optar por presentar una traducción al inglés o bien al castellano de la descripción.

España, sin embargo, no forma parte de este Acuerdo, por lo que no resultaría extraña la reticencia a adherirse al Convenio de la Patente Unitaria a pesar de haberse unido al sistema ahora vigente, lo cual se entendió como un requisito para poder entrar a formar parte  de la UE.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Que la Fuerza te acompañe...


...salvo si infringes derechos de marca.

Hace ahora más de 5 años, se anunciaba la compra por parte de Disney y por una cantidad de unos 4.000 millones de euros de Lucasfilm, la empresa creada por George Lucas y que se encargaba de producir las películas de la saga así como de gestionar todos los derechos generados por la famosa trilogía de ciencia ficción (merchandising y demás).

La venta de la empresa implica la cesión de todas las marcas que ésta gestiona, y así se establece en el Artículo 47.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001), que “La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas (...)”.
Es esta cesión la que daría a la nueva propietaria la capacidad de litigar contra aquéllos que han violado la nueva marca recién adquirida con la empresa.

Con base en esto Lucasfilm, como subsidiaria de Disney, demanda a una escuela que enseña el uso de los sables de luz. La empresa demanda a  Michael Brown, responsable de una serie de negocios, como “New York Jedi”, aunque la demanda se centra en LightsaberAcademy.com, “un consorcio para instructores en el combate con sables de luz”.

Los demandados utilizan en esos negocios, de forma regular  y sin autorización las marcas de Lucasfilm. “Entre otras actividades infractoras, los demandados usan un logo casi idéntico al registrado, que corresponde a la Orden Jedi; similar hasta el punto de llevar al público a confusión de forma redondeada con seis formas similares a las alas curvadas hacia arriba y una estrella de ocho puntas.”
Ha habido numerosas solicitudes para que cesaran en el uso del signo considerado infractor por parte de Lucasfilm a lo que Brown ha respondido tan sólo con las solicitudes de registro de “Lightsaber Academy, Inc.”

El escrito continúa diciendo que “Lucasfilm ha denegado de forma constante las solicitudes de Brown” y “nunca ha licenciado o autorizado a los demandados a hacer ningún uso ”de sus marcas u otros derechos de autor de su propiedad”.
La demanda exige a Brown el pago a la compañía por los daños y perjuicios causados o el pago de dos millones de dólares por cada una de las marcas que han sido infringidas.
Se puede decir que se trata de un caso claro de aprovechamiento indebido o injusto de marcas registradas pero cabría analizar si ha existido consentimiento tácito por parte de la parte actora al no haber actuado frente a los infractores con anterioridad (no es el caso, al menos, de la marca “New York Jedi”, cuya solicitud fue publicada el 4-4-2016).

Y surge otra pregunta, ¿se habría entablado esta acción si no se hubiera realizado la venta?

miércoles, 15 de marzo de 2017

Heterónimos

La creación de la obra va a suponer la concesión automática a su autor de una serie de derechos recogidos por la Ley, sin que sea necesario llevar a cabo ningún tipo de registro a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial en los cuales el registro es constitutivo (sin registro, no hay derechos).

El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro país, hace referencia en su punto segundo a que el autor tiene el derecho moral de Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

Por lo general, el autor de una obra literaria va a especificar el nombre que lo dé a conocer frente al público en general y que lo va a diferenciar de otros autores.
Sin embargo, tal y como especifica el mencionado precepto, en ocasiones el autor podrá optar por firmar sus obras con un nombre que no es el suyo propio, como ocurre, por ejemplo, con John Le Carré (nombre original David John Moore Cornwell) creando una dualidad y una diferenciación entre la persona y la figura del autor, de carácter público.
En otras ocasiones, una figura que ya ha obtenido notoriedad en un determinado sector, recurrirá al uso de un seudónimo para que la introducción en un mercado distinto no se vea afectada por la notoriedad ya adquirida.

En definitiva, se trata de nombres inventados completamente distintos al del autor que consiguen cumplir esa función de separar al autor de la obra de la persona que la ha llevado a cabo.

Caso aparte es el de los denominados “heterónimos”, cuya principal diferencia con la figura ya mencionada es la de que se trata no sólo de nombres distintos utilizados por un mismo autor en sus creaciones literarias, sino de personajes que poseen una personalidad distinta y separada de la de aquél, llegando a convertirse en según qué casos, en personajes de por sí.


Numerosos autores a lo largo de la historia y en diferentes países han echado mano de estos heterónimos; entre ellos el poeta portugués Pessoa (que llegó a utilizar hasta 70 nombres distintos en sus obras, casi uno por cada creación) o el celebérrimo Antonio Machado que los denominó apócrifos y que cuenta con alrededor de 33 a lo largo de su carrera literaria.

miércoles, 8 de marzo de 2017

La prioridad y el PCT

El PCT (Patent Cooperation Treaty) o Tratado de Cooperación en materia de patentes se configura como un acuerdo internacional (o arreglo particular tal y como establece el artículo 19 del CUP) cuyo principal objetivo es el de facilitar la presentación y el examen de una solicitud de patente para proteger la invención que tiene por objeto.
Por medio de este sistema, se permite la presentación de una única solicitud y la realización de un único examen que determine la reunión por parte de la misma de los requisitos que la hacen patentable.

No se trata de un único procedimiento para el registro de una misma invención en una pluralidad de Estados, si no de un sistema que permite unificar la parte inicial del procedimiento de registro de patentes.
De este modo, una vez que se ha determinado que la invención contenida en la solicitud reúne los requisitos necesarios para que le sea otorgada la protección exclusiva (fase internacional), el solicitante procederá a continuar los trámites pertinentes en los Estados que elija (fase nacional). En caso contrario, valorará si merece la pena o no continuar con los trámites para según qué países.

La protección se otorgará, en definitiva por cada uno de los Estados en los que se desee obtener el derecho, el cual será concedido según sus criterios y formalidades, siendo independiente (Artículo 4 bis CUP) la concesión en cada uno de los Estados, pese a que se haya tramitado inicialmente siguiendo un mismo procedimiento.

La importancia que adquiere el derecho de prioridad cuando se sigue este sistema para el registro de la patente se traduce en una extensión de su período de validez.

Como se veía en una entrada reciente (http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2017/03/telle-quelle.html) el derecho de prioridad se configura como uno de los dos pilares fundamentales del Convenio de la Unión París (CUP), consistente en que una solicitud regular realizada en un Estado miembro de este Convenio, podrá ser reivindicada a la hora de presentar una solicitud con el mismo contenido en otro Estado también Miembro.

Lo que se consigue, de este modo, es que la invención originalmente presentada no se vea afectada, no rompiéndose la novedad, por invenciones posteriores ni por divulgaciones de cualquier tipo que puedan formar parte del Estado de la Técnica posterior a la fecha de presentación de esa primera solicitud.

El plazo que se contempla para las solicitudes de patentes es de 12, periodo durante el cual la novedad de esa primera solicitud se mantiene inalterada.

La tramitación de la solicitud de patente por el procedimiento del PCT hace que el período de 12 meses aumente hasta 30 al establecerse que la entrada de la solicitud en fase nacional (en cada uno de los Estados en los que el solicitante ha decidido continuar el procedimiento para la protección de la invención) no se realice antes de que haya transcurrido ese período desde la considerada fecha de prioridad, esto es, la fecha de primera presentación regular, salvo que el solicitante así lo considere, acortando, en consecuencia, ese plazo.

Se consigue, por esta vía, que el solicitante pueda mantener intacta la novedad que implica su invención hasta que decida finalmente llevar a cabo el registro en base a las perspectivas de éxito que arrojen el Informe de Búsqueda Internacional que se llevó a cabo en la fase nacional y el Examen Preliminar Internacional que el solicitante puede haber decidido que se elabore dentro de esa misma fase.


miércoles, 1 de marzo de 2017

Telle quelle

La búsqueda de la armonización de legislaciones referidas a temas comunes relativos a la actividad comercial ha dado lugar a que se firmen diversos acuerdos y tratados internacionales por medio de los cuales se va a tratar de alcanzar esa uniformidad consiguiendo de este modo que los nacionales de los Estados firmantes de los mismos puedan disfrutar de unos derechos iguales, con independencia del país en el que se encuentren.

En materia de propiedad industrial el Convenio más relevante que ha de tenerse en cuenta es el de la Unión de París por ser el que reúne las normas más relevantes en relación con los derechos de propiedad industrial sobre los que se aplica.

Una vez establecidos los principios fundamentales:

el principio de trato nacional, por medio del cual se dará protección a los nacionales de cualquier Estado miembro dentro del resto de países de la Unión en las mismas condiciones que se da a los primeros

y

 el principio de prioridad, en virtud del cual se permite la presentación de una solicitud de un derecho de propiedad industrial retrotrayendo sus efectos al momento de presentación de una solicitud anterior siempre y cuando se respeten los plazos indicados en el Convenio (al que ya se hizo una breve referencia en una entrada anterior: http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2016/04/prioridad-y-antiguedad-de-la-marca.html);

se establecen una serie de normas  relativas a los distintos derechos de propiedad industrial que en él se contemplan, que en algunos casos serán generales para todos ellos y en otros serán específicos para cada uno, como es el caso del que se menciona en el título de esta entrada.

La frase de origen francés “teller quelle”, traducida al inglès como “as it is” y al castellano como “tal cual es” hace referencia a que una marca registrada en un Estado de la Unión deberá ser registrada en el resto de Estados respetando su registro original salvo que se dè alguno de los siguientes supuestos: que afecte a derechos adquiridos anteriormente por terceros, que carezca de caràcter distintivo o que sean contrarias a la moral o al orden público, en particular cuando puedan inducir a engañar al público.


Un caso claro en el que no se ha podido hacer uso de esta norma por la primera de las causas mencionadas es el caso de la marca AXE®, que tuvo que cambiarse a LYNX® en Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda al existir, como decimos derechos ya adquiridos por un tercero para ese nombre.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Las reivindicaciones tipo Markush

Como ya se comentaba en anteriores entradas de este mismo blog (http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2015/08/la-solicitud-de-patente.html)
el documento más relevantes de una solicitud de patente es el más importante por contener, de forma complementaria a la descripción de la invención, los aspectos más relevantes del invento que se pretende registrar, las partes novedosas de la invención que van a ser objeto de protección y que, en definitiva, servirán de base para los negocios jurídicos que se puedan originar sobre esa invención.
Como decíamos, las reivindicaciones son frases explicativas de la invención resaltando las características esenciales de ésta y de las cuales se infieren los requisitos de novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial. Estas frases actúan a modo de contrato en el que el solicitante expone cuáles son las características de su creación, que serán las que se registren y sobre las cuales obtendrá un derecho de explotación exclusiva.

Existen diversos tipos de reivindicaciones como son las de tipo suizo a las que hacíamos referencia en esta entrada: http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2016/01/la-segunda-aplicacion-de-un-medicamento.html.

También relacionados con el sector de la química (aunque no de forma exclusiva) y, más concretamente, nos encontramos con las reivindicaciones Markush, aparecidas en el derecho estadounidense.

Este tipo de reivindicaciones se refiere a múltiples entidades químicas contenidas en un mismo compuesto funcionalmente equivalentes entre sí. En definitiva, se trataría de reivindicar varios componentes de una misma fórmula que resulten equivalentes para el propósito de la invención.
Se plantea algunas cuestiones ya que, analizado el concepto, nos lleva irremediablemente a pensar en el principio fundamental de unidad de la invención y los problemas que con este principio se tratan de evitar.

Veamos. El principio de unidad de invención hace referencia a que sólo será posible solicitar y, en consecuencia, obtener una patente cuando su objeto esté compuesto de una única invención o un grupo de invenciones que formen un único concepto inventivo general.
El mencionado principio trata de evitar que se obtenga una única patente para un conjunto de invenciones, lo que haría que el solicitante sólo tuviera que abonar las tasas correspondientes a la misma, obteniendo protección para varias invenciones, así como tratar de hacer la búsqueda del Estado de la Técnica más sencilla al estar cada invención recogida en un único documento.


Si bien es cierto que el tipo de reivindicaciones al que nos venimos refiriendo sí cumpliría el requisito fundamental de unidad de invención al tratarse de lo que se podría considerar un único grupo inventivo por ser todos ellos elementos necesarios para el desarrollo de la invención, también es cierto que resultaría complicado conocer los diversos componentes que integran un compuesto químico si éstos aparecen recogidos en una misma solicitud, lo cual dificultaría su conocimiento y búsqueda en el Estado de la Técnica.